Ricardo
Alarcón de Quesada
Se había dicho y repetido durante mucho tiempo. En
primer lugar lo declararon ellos mismos –Gerardo
Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando
González y René González- ante el propio Tribunal que
en farsa macabra los condenara con perversa desmesura.
Lo denunciaron una y otra vez las voces solidarias que
paso a paso se levantaban en todo el mundo.
Los Cinco jóvenes cubanos detenidos en Miami en
Septiembre de 1998 eran víctimas de una colosal
injusticia. No habían causado daño alguno a nadie. Su
única culpa fue luchar contra el terrorismo allí, en
esa ciudad que es madriguera de terroristas. El proceso
contra ellos estaba viciado desde su origen y todo él
plagado de escandalosas violaciones al derecho. Era, de
punta a cabo, en resumen, ilegal. Más que prisioneros
eran Cinco inocentes secuestrados por un Gobierno. Las
autoridades norteamericanas tenían una obligación
ineludible. Poner fin al injusto encarcelamiento –o
sea, al secuestro oficial- liberándolos inmediatamente.
Dar a conocer estas verdades a la opinión pública
–sobre todo permitirles a los norteamericanos enterarse
de ellas- ha resultado extraordinariamente difícil. Los
grandes medios de “información”, con disciplinada
uniformidad, han preferido no informar sobre este tema.
Una de las manifestaciones más curiosas de la
“globalización” es la redefinición de qué asunto es
noticia y cuál no lo es. Nunca ha llegado a ser
noticia, por ejemplo, que el gobierno de Estados
Unidos, por escrito y ante un tribunal, hubiese
expresado formalmente su apoyo al terrorismo y que lo
haya reiterado varias veces durante años. Así, con
todas las letras, en documentos oficiales emitidos por
ese Gobierno y en numerosas declaraciones de sus
fiscales ante la Corte, todo lo cual aparece
literalmente en las actas de las sesiones del Tribunal
de Miami y en textos que son públicos, pero de los que
no se han hecho eco jamás los medios norteamericanos o
europeos
(1).
Tampoco han considerado pertinente dar cuenta de cómo
se impidió a los acusados acceder a las supuestas
“pruebas” inculpatorias o de que se les hizo casi
imposible la comunicación con sus abogados y a éstos
también se les negó el acceso a esas “pruebas”. Eso
nunca fue noticia.
Ni lo fue el hecho, por decir lo menos, insólito, de
que ante el Tribunal desfilaron generales, almirantes,
coroneles y expertos gubernamentales y que allí
afirmaron, bajo juramento, que los acusados eran
inocentes de los cargos imputados. Esa noticia nunca la
descubrieron los grandes medios ubicados fuera de Miami
pese a que el pseudoperiodismo local, en incesante
algarabía, insultó y amenazó a esas personas y a que
sus declaraciones se pueden encontrar, en las actas del
Tribunal, desde hace cinco años
(2).
¿Qué respecto al cargo más grave el propio gobierno de
Estados Unidos reconoció que no lo podía probar y
solicitó al final, infructuosamente, retirarlo? ¿Qué
esa petición
(3), sin precedente en la historia
norteamericana, fue rechazada por el Tribunal y por la
Corte de Apelaciones, y que, sin embargo, después, sin
vacilación alguna, Gerardo Hernández fue declarado
culpable de aquello por lo que ya nadie quería
acusarlo? ¿Qué por ese cargo, además, lo condenaron a
una segunda cadena perpetua? Nada de ello interesó a
los comunicadores.
¿Qué se dificulte los contactos de los Cinco
secuestrados con sus familiares? ¿Qué se reduzca al
mínimo sus visitas? ¿Qué a dos de ellos, se les impida
completamente encontrarse con sus esposas? ¿Qué a una
niña de seis años no se le permita conocer a su padre?
Esas no son cuestiones para emplear el tiempo de
atareados periodistas ni siquiera de algunos
imaginarios defensores de los derechos humanos.
El caso de los Cinco fue convenientemente ignorado por
las grandes corporaciones que tratan de monopolizar la
información en el planeta. Pero en Miami los llamados
medios locales –voceros de los terroristas que dominan
la ciudad y su radio, su televisión y su prensa
escrita- sí se ocuparon del asunto. Lo hicieron con la
estridencia que los ha hecho famosos. Hasta el punto
que el mismísimo Tribunal, sometido como estaba a los
dictados de la mafia terrorista, sin embargo, se vio
obligado a protestar y a quejarse. Recuérdese la
situación descrita por la jueza: supuestos periodistas,
blandiendo cámaras y micrófonos, persiguiendo a los
miembros del jurado por pasillos y escaleras del
edificio del Tribunal hasta la calle, hasta sus
vehículos, coléricos, amenazantes. “Ellos, los
jurados tienen temor, se sienten amenazados”,
confesó la jueza. Así consta en actas
(4) y así
lo divulgó la prensa miamense. Pero fuera de Miami se
impuso el silencio. También sobre estos sucesos. La
denuncia de la jueza, la angustia de los jurados, el
alboroto de los “periodistas” encontraron unánime
respuesta: No existieron, no fueron noticia.
Noticias, repetidas más allá del cansancio, día y
noche, fueron, eso sí, las aventuras de Kobe Bryant, el
atuendo de Martha Stewart, los trajines en la cama de
Michael Jackson, y sus visitas a unas Cortes asediadas
por ávidos “informadores”. Porque noticias judiciales,
de policías y tribunales, no es precisamente lo que
falta en la televisión, la radio y los diarios
norteamericanos ni en sus clones europeos.
En este mundo “globalizado”, desde el Himalaya hasta la
Patagonia, muchos conocen las peripecias sexuales de
cualquier famoso pero a millones de norteamericanos se
les prohíbe saber que su Gobierno protege al terrorismo
en su propio territorio y castiga con inusitada
crueldad a quienes allá lo combatan.
Así estábamos hasta el pasado jueves 14 de julio. Habrá
que esperar para saber si fue sólo el azar o si la
coincidencia trae una luz esperanzadora. Pero fue
precisamente ese día y no otro cuando comenzó a
circular la noticia. La dieron a conocer, cada cual por
su lado, el servicio informativo de la BBC de Londres y
la agencia de prensa norteamericana Associated Press
cuyo despacho sería reproducido después por otros
medios impresos y radiales: La ONU declara arbitrario e
ilegal el arresto de los Cinco cubanos y el proceso que
se les siguió.
Se trata del dictamen emitido por un panel de expertos
independientes, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones
Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos
(5).
Es el resultado de un largo proceso de análisis,
búsqueda de información y consultas que incluyeron al
gobierno de Estados Unidos.
En sus conclusiones el Grupo subraya tres aspectos
principales: el confinamiento solitario durante 17
meses impuesto a los Cinco desde el momento de su
detención, el limitado acceso a la evidencia por parte
de los acusados y de sus abogados y el ambiente muy
hostil que debieron enfrentar.
Conviene apuntar que en tres ocasiones el Grupo de
Naciones Unidas señala que en sus comunicaciones el
gobierno de Estados Unidos admitió las serias
violaciones cometidas. Veamos:
“El Gobierno no ha refutado el hecho de que los
abogados de la defensa tuvieron un acceso muy limitado
a la evidencia…Lo que afectó negativamente su capacidad
para presentar evidencia contraria”.
“El Gobierno no ha negado que…el clima de
predisposición y prejuicio contra los acusados en Miami
persistió y contribuyó a presentar a los acusados como
culpables desde el principio. No fue impugnado por el
Gobierno el hecho de que un año más tarde el mismo
Gobierno admitió que Miami no era el lugar adecuado
para celebrar un juicio donde estaba probado que era
casi imposible seleccionar un jurado imparcial en un
caso vinculado con Cuba”.
Sobre esa base
“El Grupo de Trabajo llega a la
conclusión de que los tres elementos enunciados Regresar,
en su conjunto, son de tal gravedad que confieren a la
privación de libertad de estas cinco personas un
carácter arbitrario”, declara que “la privación
de libertad de los señores Antonio Guerrero Rodríguez,
Fernando González Llort, Gerardo Hernández Nordelo,
Ramón Labañino Salazar y René González Sehwerert es
arbitraria y está en contravención del Artículo 14 de
la Convención Internacional de Derechos Civiles y
Políticos” y en consecuencia “El Grupo de
Trabajo solicita al Gobierno que adopte las medidas
necesarias para remediar esta situación”.
¿Cómo remediar está situación? ¿Cuáles son las medidas
necesarias que el gobierno de Estados Unidos tiene que
adoptar? Las respuestas son obvias. Todo el proceso
contra los Cinco es írrito, nulo, carece de validez.
Los Cinco secuestrados tienen que ser liberados
inmediatamente.
Desde el 12 de septiembre de 1998, hace ya casi 7 años,
ese Gobierno priva de su libertad, arbitraria e
ilegalmente, a Cinco jóvenes. El colmo es que lo hace
para proteger a los grupos terroristas que actúan con
total impunidad en territorio norteamericano. Lo ha
logrado hasta hoy con el silencio cómplice de la gran
prensa.
Ahora tenemos el dictamen de la ONU y su difusión por
algunos medios importantes. Ojalá que el mensaje
pudiera multiplicarse hasta llegar a millones de
personas a las que se ha negado el derecho a la
información. Ojalá que hayamos llegado, finalmente, a
la hora de la verdad.
