Comunicado de Prensa

La aplicación del Plan Bush para la recolonización de Cuba. Recrudecimiento del bloqueo por parte de los Estados Unidos

A contrapelo de la voluntad expresa de la comunidad internacional, las autoridades de Washington han adoptado nuevas sanciones económicas; han recrudecido la persecución a la actividad de las empresas y las transacciones financieras internacionales de Cuba, incluidas aquellas destinadas a realizar pagos a los organismos de las Naciones Unidas; han robado otras marcas comerciales y nuevas cifras millonarias de los fondos cubanos congelados en los EE.UU.; han adoptado mayores represalias contra los que comercian con la Isla o se vinculan con ella a partir de intercambios de naturaleza cultural o turística; han aplicado mayores presiones sobre sus aliados para obligarlos a subordinar las relaciones con Cuba a los propósitos de “cambio de régimen” que sirven de guía a la política de hostilidad de EE.UU.; y han impuesto una escalada sin precedentes en el apoyo financiero y material a las acciones dirigidas al derrocamiento del orden constitucional cubano.

ASAMBLEA GENERAL   PLENARIO   Tema 21: “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba   Martes 30 de Octubre del 2007

Todo lo anterior ha sido facilitado por la estricta aplicación del Plan aprobado por el  Presidente George Bush en mayo del 2004 con el objetivo de acelerar la destrucción del orden constitucional decidido por el pueblo cubano y con ello facilitar la recolonización de Cuba y de las medidas contenidas en su actualización del 10 de julio del 2006, en la que se incluye un acápite secreto de acciones encubiertas. 

Desde esta última fecha hasta junio del presente año, se han registrado numerosas acciones que corroboran el agravamiento de las medidas punitivas del bloqueo contra Cuba, sobre la base del mencionado plan. Entre ellas cabría mencionar:

·                                                                                                                El 28 de julio del 2006 la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de los EE.UU., incluyó en la lista de “Nacionales Especialmente Designados” al Banco “Netherland Caribbean Bank”, que tiene una oficina en Cuba y otra en Antillas Holandesas. De inmediato se procedió al  congelamiento de cuentas que pudiera tener en EE.UU. y la prohibición de cualquier transacción de ciudadanos y entidades norteamericanas con el mismo.

·                Desde agosto de 2006 se iniciaron las transmisiones diarias de “TV Martí” desde un nuevo avión tipo G-1. Una vez a la semana, continúa volando la  aeronave militar EC-130J del Pentágono. La Oficina de Transmisiones hacia Cuba (OCB), empleó 10 millones de dólares para impulsar este proyecto. Además, la OCB ha alquilado  emisoras comerciales para transmitir Radio y TV “Martí”. Para implementar estas acciones, el Gobierno de EE.UU. destinó alrededor de 37 millones de dólares, aunque se conoce que otros fondos adicionales de modo encubierto se destinaron a ese fin.

·               El 14 de agosto del 2006 el Consejo Nacional de Iglesias de EE.UU. informó que el Departamento del Tesoro le impuso una multa a la Alianza de Iglesias Bautistas ascendente a 34 mil dólares, alegando que algunos de sus miembros y feligreses de otras iglesias “hicieron turismo” durante una visita a Cuba con fines religiosos.

·               El 10 de octubre del 2006, a partir de lo recomendado por la actualización del Plan Bush,   la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Florida, Alexander Acosta, anunció oficialmente la creación del Grupo de Trabajo para la Aplicación de las Sanciones a Cuba, integrado por representantes de la OFAC, el FBI, el Servicio de Rentas Internas (IRS), Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el Departamento de Comercio, el Servicio de Guardacostas y las unidades aérea y terrestre de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP). El objetivo fundamental de este  Grupo es perseguir, de manera rigurosa y agresiva, las violaciones de las regulaciones del bloqueo y encausar a los infractores, quienes se exponen a sanciones de hasta 10 años de prisión y multas de hasta 1 millón de dólares para las empresas y de hasta 250 mil dólares para los individuos.

·               En diciembre del 2006, el Gobierno de los EE.UU. envió una nota a todas las compañías norteamericanas proveedoras de servicios de Internet, para prevenirlas de hacer negocios con 6 países, incluida Cuba.

·               El 14 de marzo del 2007 el senador anticubano Mel Martínez (R-FL),  introdujo el proyecto S.876, que establece la aplicación de sanciones para los individuos o compañías que inviertan más de 1 millón de dólares en el programa de petróleo y gas cubano, con  medidas que incluyen la negación de facilidades para la exportación de bienes, servicios, tecnologías, otorgamiento de recursos financieros y la limitación de acceso a contratos con el gobierno de los EE.UU.

·               El 26 de marzo del 2007, la también legisladora y representante  de los grupos anticubanos Ileana Ros-Lehtinen (R-FL), presentó el proyecto de ley HR. 1679, que niega el otorgamiento de visas a personas o compañías extranjeras que contribuyan a la explotación de petróleo en Cuba e impone sanciones a quienes inviertan más de 1 millón de dólares para desarrollar la industria del crudo y los recursos de gas natural en nuestro país, incluidas las subsidiarias norteamericanas.

Otras acciones de recrudecimiento del bloqueo

·               El 19 de junio del 2006, la Corte Suprema de EE.UU. rechazó la solicitud presentada el 30 de septiembre del 2005, por la empresa cubana  CUBATABACO, de revisar el fallo emitido en febrero de ese año por la Corte Federal de Apelaciones para el 2do Circuito, con sede en Nueva York, en relación con la titularidad de la marca de tabacos cubanos Cohíba en EE.UU. Esta decisión confirma la propiedad exclusiva de la Compañía norteamericana General Cigar sobre la famosa marca de  tabacos en EE.UU, lo que constituye una apropiación ilegítima de dicha marca.

·               El 3 de agosto del 2006, la Oficina de Marcas y Patentes de los EE.UU. decidió que el registro de la marca cubana Havana Club a favor de la empresa CUBAEXPORT “está cancelado y expiró”. Al amparo de esta arbitraria decisión, la compañía Bacardí comenzó a vender desembozadamente en la Florida ron con la marca Havana Club.

Con esta decisión, se consumó el robo de la afamada marca de rones cubanos. Es oportuno recordar que los propietarios de la Compañía Bacardí estuvieron entre los principales promotores y financistas de la conocida Ley Helms-Burton, adoptada por el Congreso de los EE.UU. en 1996, la cual continúa siendo el cuerpo legal más completo sobre el que se sustenta el bloqueo económico, comercial y financiero de los EE.UU. contra Cuba.

Por noveno año consecutivo, bajo el amparo de la Sección 211 de la Ley Ómnibus de Asignaciones Consolidadas Suplementarias y de Emergencia, el  gobierno de Estados Unidos ha proseguido con acciones y medidas para consumar el robo de estas marcas cubanas internacionalmente reconocidas (Havana Club y Cohíba), que impide a los titulares cubanos o sus sucesores, entre ellas las empresas extranjeras con intereses en Cuba, el reconocimiento y disfrute en el territorio de los Estados Unidos de sus derechos sobre marcas o nombres comerciales registrados y protegidos en Cuba.

El precedente y efecto nocivo de esa legislación en el ámbito del comercio internacional determinó precisamente que desde el año 2002, el Organo de Apelaciones de la Organización Mundial de Comercio (OMC), decidiera que la Sección 211 viola las obligaciones del Trato Nacional y de Nación Más Favorecida del Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), por lo cual instó al gobierno de los Estados a ajustar dicha legislación de manera compatible con sus obligaciones internacionales.

La Administración Bush ha ignorado la decisión del Organo de Apelaciones de la OMC. La postergación reiterada por parte del gobierno estadounidense del acatamiento del veredicto del órgano de competencia de la OMC, corrobora de modo fehaciente su falta de voluntad política para dar solución a este litigio y cumplir con las normas del comercio internacional.

Nueva York, 17 de octubre de 2007